Cómo una filtración expuso la máquina de vigilancia con inteligencia artificial de Estados Unidos
La relación entre seguridad nacional e inteligencia artificial nunca estuvo tan expuesta como ahora. Un ataque hacker dirigido al Office of Industry Partnership, también conocido como OIP, que funciona como la incubadora tecnológica del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el DHS, sacó a la luz un volumen masivo de información que detalla contratos millonarios firmados con empresas privadas del sector tecnológico. El colectivo de transparencia Distributed Denial of Secrets fue el responsable de entregar esos datos a la prensa, y el contenido revelado es, como mínimo, alarmante para quienes siguen los debates sobre privacidad y derechos civiles.
Los datos fueron obtenidos por un hacktivista identificado solo por un pseudónimo y, aunque parte de esa información ya estaba disponible públicamente, la filtración también expuso a más de 6.000 empresas que participaron en procesos de licitación con la agencia. No todas recibieron financiamiento, pero el conjunto ofrece una ventana poco común sobre el apetito del sector privado por contratos de seguridad interna y sobre las tecnologías que el DHS consideró adoptar pero finalmente no llevó adelante.
Las cifras impresionan por sí solas: más de 1.400 contratos financiados, cerca de 6.800 empresas registradas en el ecosistema del OIP y un monto de inversiones que supera los 845 millones de dólares acumulados a lo largo de dos décadas, de 2004 hasta finales de 2025. Estos proyectos cubren un espectro amplio de aplicaciones, desde biometría móvil integrada en smartphones hasta sistemas de vigilancia automatizada en aeropuertos y plataformas de vigilancia predictiva policial que se alimentan de llamadas al servicio de emergencias 911.
El panorama cobra aún más relevancia cuando se considera que el DHS recibió recientemente un presupuesto récord de 165.000 millones de dólares, aprobado en el paquete tributario y de gastos del gobierno Trump, y ya enfrenta controversias serias relacionadas con la recopilación aparente de datos visuales y biométricos de manifestantes en la ciudad de Minneapolis.
Jeramie Scott, consejero sénior y director del Proyecto de Supervisión de Vigilancia del Electronic Privacy Information Center, el EPIC, resumió bien la sensación al analizar los documentos: dijo que parece que estas personas ven películas de ciencia ficción distópica y piensan que aquello parece una buena idea. Y complementó diciendo que esa no es la lección de las películas distópicas y que están sacando la lección equivocada.
El programa SBIR y cómo funciona el financiamiento
El OIP está integrado en la Dirección de Ciencia y Tecnología del DHS y gestiona programas como el Small Business Innovation Research, el SBIR. Este programa canaliza dinero federal hacia pequeñas y medianas empresas con el objetivo de desarrollar prototipos que atiendan necesidades tecnológicas específicas del departamento.
Creado por mandato del Congreso en 1982 y reautorizado en 2022, el SBIR exige que las propuestas sean evaluadas parcialmente por su potencial de aplicación comercial. El programa fue diseñado para garantizar que la investigación y el desarrollo financiados con dinero público generen negocios autosostenibles, y no solo prototipos que terminan guardados en un cajón.
En la práctica, los contratos normalmente comienzan como premios de fase I, orientados a prueba de concepto, con valores entre 100.000 y 175.000 dólares. Después, pueden avanzar a la fase II de prototipado, con financiamiento de 1 millón de dólares o más. Los datos filtrados cubren dos décadas completas de este proceso, revelando la escala y la continuidad de estas inversiones.
Biometría móvil y el alcance de la identificación digital
Entre los proyectos más detallados en los documentos filtrados se encuentran iniciativas orientadas a la biometría en dispositivos móviles. Contratos emitidos después de la toma de posesión de Trump incluyen varios enfocados en permitir que agentes recopilen datos biométricos usando celulares comunes.
El 7 de mayo de 2025, tres contratos fueron emitidos específicamente para el desarrollo de estas tecnologías, y los tres prometían poner sus soluciones a disposición más allá del DHS.
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La empresa Idea Mind LLC recibió 174.464 dólares para una tecnología llamada Vibe, un adaptador que conecta escáneres de huellas digitales e iris a celulares a través de USB-C o Lightning, ofreciendo compatibilidad plug-and-play con dispositivos Android e iOS sin necesidad de controladores personalizados. La empresa, con sede en un suburbio de Columbus, Ohio, no tenía ningún historial previo de contratos con el DHS.
Por su parte, Intellisense Systems recibió 174.990 dólares por su dispositivo Flow, diseñado para que el celular y el escáner biométrico puedan operarse efectivamente como una sola unidad en las manos del agente. El sistema soporta periféricos de huella digital, captura de iris y reconocimiento facial y de huella digital sin contacto usando la propia cámara del teléfono. Intellisense se separó de Physical Optics Corporation en 2018, y juntas las dos empresas acumulan 59 contratos de investigación con el DHS desde 2004, sumando más de 17 millones de dólares, según los datos filtrados. Solo el 7 de mayo, Intellisense recibió tres contratos diferentes, incluyendo el Flow y otros dos proyectos que involucran IA de vigilancia en aeropuertos y prevención de deepfakes en video.
Integrated Biometrics, a su vez, recibió 167.627 dólares por el proyecto Bios Link. En su propuesta, la empresa declaró que la tecnología atendería componentes del DHS, partes interesadas interagencias, entidades no federales, la comunidad de inteligencia y socios de misión internacionales. Con sede en Spartanburg, Carolina del Sur, Integrated Biometrics ya es una contratista establecida del gobierno que fabrica sensores de huella digital certificados por el FBI para clientes de seguridad pública, fuerzas armadas y gobiernos alrededor del mundo.
La recopilación de datos biométricos por agentes del ICE y del CBP y el uso de tecnologías de reconocimiento facial ganaron protagonismo durante la llamada operación a gran escala del DHS en Minneapolis, en enero, después de que influencers de derecha destacaran denuncias antiguas de fraude en servicios de cuidado infantil en la ciudad.
Especialistas en privacidad digital señalan que la expansión de la biometría móvil crea un riesgo concreto de normalización de la identificación obligatoria. Cuando la tecnología está accesible de forma tan simple y barata, la tentación de usarla de manera amplia y sin criterios claros aumenta proporcionalmente. El caso de Minneapolis sirve como ejemplo concreto de cómo esta tecnología puede dirigirse a fines que van más allá de la seguridad pública convencional.
Otro punto que merece atención es la integración de estas soluciones biométricas con bases de datos federales ya existentes. Los documentos indican que varios proyectos financiados por el DHS buscan crear puentes entre sistemas de identificación locales, estatales y federales, formando una red unificada de reconocimiento. Esto significa que una identificación realizada por un agente municipal podría, en teoría, cruzar información con bases de datos de inmigración, registros criminales federales y listas de vigilancia de agencias de inteligencia.
Vigilancia automatizada en aeropuertos con IA
Otros cuatro contratos otorgados también el 7 de mayo, que suman un total de 699.000 dólares, financiaron tecnologías para monitorear pasajeros que se acercan a los puntos de control de seguridad de la TSA en aeropuertos.
Los cuatro proyectos usan inteligencia artificial para analizar feeds de cámaras de seguridad ya existentes en los aeropuertos y catalogar automáticamente las características físicas de los pasajeros. El sistema Ossca, de Intellisense, por ejemplo, detecta y rastrea individuos, identifica características antropométricas, prendas de vestir, tipos de calzado y accesorios visibles, y puede alertar automáticamente a los operadores con señalizaciones e reportes detallados. La propuesta de la empresa incluyó aplicaciones comerciales como análisis de retail y vigilancia de espacios públicos.
Synthetik Applied Technologies, con sede en Pierre, Dakota del Sur, propuso algoritmos de deep learning optimizados para procesamiento en tiempo real de streams de video CCTV existentes en zonas pre-checkpoint, que serían implementados en hardware comercial estándar. La empresa ya ha recibido 2,8 millones de dólares a lo largo de siete contratos con el OIP, la mayoría orientados a detección de explosivos.
AnalyticalAI recibió 174.639 dólares y Toyon Research Corporation recibió 175.000 dólares por sistemas similares. AnalyticalAI, con sede en Birmingham, Alabama, ya trabaja con filtros aeroportuarios habilitados por IA. Toyon, de Goleta, California, acumula 12 contratos con el DHS desde 2005, incluyendo trabajo en un sistema de vigilancia de la frontera sur.
El historial problemático del análisis conductual en aeropuertos
El DHS tiene un pasado turbulento con programas de evaluación conductual en aeropuertos. El programa SPOT de la TSA, que significa Screening of Passengers by Observation Techniques, llegó a emplear a más de 3.000 oficiales de detección conductual en 176 aeropuertos, con un costo superior a 900 millones de dólares desde 2007.
Una revisión del GAO, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, en 2013, concluyó que la capacidad de identificar comportamiento engañoso a partir de señales físicas era equivalente o solo ligeramente superior al azar. Un informe de seguimiento del GAO en 2017 descubrió que la TSA no podía presentar evidencias válidas para 28 de los 36 indicadores conductuales y que el 98% de las fuentes citadas como respaldo no proporcionaban evidencias válidas, incluyendo artículos de noticias, textos de opinión, presentaciones de entidades policiales y capturas de pantalla de sitios médicos en internet.
El rol de oficial de detección conductual como función aislada fue discretamente eliminado entre 2016 y 2017. Una investigación de la ACLU encontró evidencias de que el programa había sido utilizado para perfilamiento racial en aeropuertos como Newark y Chicago.
El intento anterior del DHS de implementar evaluación conductual asistida por tecnología, el programa Fast, también fue silenciosamente descontinuado tras revelaciones del EPIC.
Sobre el Fast y sus aparentes sucesores, Jeramie Scott, del EPIC, dijo que no solo es altamente improbable que funcione, sino que existen problemas en términos del riesgo que genera, de sus impactos desproporcionados, de dirigir el aparato estatal contra personas que no hicieron nada malo, del desperdicio de dinero y del potencial de estas herramientas para debilitar la democracia.
Vigilancia predictiva policial alimentada por inteligencia artificial
Quizás el aspecto más controvertido revelado por la filtración sea la extensión de las inversiones en vigilancia predictiva policial. También el 7 de mayo, tres contratos que suman un total de 524.000 dólares fueron otorgados para plataformas de IA que ingieren datos de llamadas al 911, una de las cuales aparentemente prometía identificar y predecir patrones criminales.
Los tres fueron otorgados bajo el mismo tema del DHS que buscaba herramientas para centralizar y analizar datos de los más de 5.000 centros de atención 911 existentes en Estados Unidos.
El más abarcador es el Cimas, el Consolidated Incident Management Analytics System, desarrollado por una empresa recién registrada llamada Cassius LLC. Su propuesta describe un data lake de alta disponibilidad integrado con análisis impulsados por IA, que recopilaría y anonimizaría datos de llamadas 911 e incidentes de puntos de atención de seguridad pública en todo el país. El sistema generaría mapas de calor geoespaciales y usaría modelos de IA para predecir tendencias de incidentes y entregar información accionable para personal de emergencias.
Cassius LLC, con sede en Bangor, Maine, no posee historial previo de contratos con el DHS. Su sitio web la describe como una firma de consultoría de TI para servicios públicos, no lista ningún miembro de equipo y su página de equipo no funciona.
El Brennan Center for Justice ya describió la vigilancia predictiva policial como un lavado tecnológico que les da a métodos de vigilancia policial racialmente sesgados una apariencia de objetividad, simplemente porque una computadora o un algoritmo parece sustituir el juicio humano. Departamentos de policía importantes, incluyendo Los Ángeles y Chicago, abandonaron sus programas de vigilancia predictiva policial entre 2019 y 2020.
Herramientas que usamos a diario
Investigaciones independientes realizadas por universidades y organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos ya demostraron que las plataformas de vigilancia predictiva policial tienden a reproducir y amplificar sesgos raciales y socioeconómicos presentes en los datos históricos que alimentan sus algoritmos. Si determinados barrios fueron históricamente más vigilados por la policía, los datos van a reflejar una concentración mayor de incidentes en esas áreas, y el sistema va a recomendar aún más presencia policial allí, creando un ciclo que se retroalimenta.
En lugar de ofrecer una visión neutra y objetiva de la criminalidad, la inteligencia artificial acaba funcionando como un espejo distorsionado que refuerza desigualdades ya existentes.
Lo que los documentos del DHS muestran es que, a pesar de estas evidencias, la inversión federal en este tipo de tecnología no solo continúa sino que se está expandiendo. La preocupación de organizaciones de derechos digitales es que esta evolución tecnológica ocurra sin una evolución correspondiente en los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.
El debate sobre transparencia y los límites de la vigilancia
La filtración en sí ya es, paradójicamente, una demostración de que los sistemas de seguridad del propio DHS no son tan robustos como se imagina. Si el departamento responsable de proteger la infraestructura crítica de Estados Unidos no logra blindar sus propios datos internos, la pregunta natural es: ¿cómo garantizar que los datos biométricos y personales de millones de ciudadanos recopilados por estas tecnologías estén realmente seguros?
Esta es una cuestión que especialistas en ciberseguridad vienen planteando hace años y que ahora gana una capa extra de urgencia. La confianza pública en la capacidad del gobierno para gestionar información sensible se ve afectada cada vez que ocurre un incidente de este tipo, y eso impacta directamente la legitimidad de programas de vigilancia a gran escala.
Defensores de la privacidad argumentan que el verdadero problema no es solo la existencia de estas tecnologías, sino la ausencia casi total de debate público sobre su implementación. Muchos de estos contratos fueron firmados sin evaluaciones de impacto sobre derechos civiles y sin mecanismos claros de auditoría independiente. La combinación de biometría avanzada, vigilancia predictiva policial y presupuestos récord crea una infraestructura de monitoreo que, una vez establecida, es extremadamente difícil de desmantelar.
The Guardian reportó que envió al DHS una solicitud detallada de comentarios, así como contactó a todas las empresas mencionadas en los contratos. También contactó al hacktivista responsable de la filtración usando un correo electrónico incluido en los materiales. Zachary Canders, listado como socio de Cassius LLC en documentos del DHS y registros empresariales de Maine, respondió a The Guardian de forma jocosa, sin abordar las cuestiones planteadas sobre la tecnología propuesta por la empresa.
El panorama expuesto por esta filtración sirve como un recordatorio importante de que la intersección entre inteligencia artificial y seguridad pública exige atención constante de la sociedad civil, de investigadores y de legisladores. No se trata de estar en contra del uso de tecnología para proteger a las personas, sino de garantizar que esa adopción ocurra con transparencia, con límites claros y con respeto a los derechos fundamentales. La tecnología avanza a ritmo acelerado, mientras la legislación y el debate ético caminan a paso de tortuga 🐢
El volumen de inversión revelado, sumado a la diversidad de proyectos y a la cantidad de empresas involucradas, muestra que estamos ante un ecosistema de vigilancia mucho mayor y más sofisticado de lo que la mayoría de las personas imagina. Y cuanto más tiempo tarde este debate en ocurrir de forma abierta, más difícil será establecer frenos efectivos para lo que ya está en pleno funcionamiento.
